LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:

ENTRE LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO.

Recibido: 2001-04-20

Aceptado:2001-06-15

©Jesús Mª GARAYO URRUELA

jmgaraio@euskaltel.net

Laburpena: Gaur egun, izadiaren babespenak, helburu gordetzailez gain, beste eduki batzuk dauzka. Hiru prozesuk horixe bultzatu dute. Batetik, nekazariek eta herri txikietako biztankeek babesturiko naturaguneen politikaren aurka jo dute. Bestetik, esperientzi babesako zehatzak izandako emaitzen gainean eztabaidak denboraren poderioz ugaritu dira. Bestalde, hirurogei ta hamar hamarkadaz geroztik, naziorteko erakundeek izadiaren babespeneko kontzeptioari buruzko gogoeta areagotu dute. Hiru prozesu horien bitartez,, arazo ekologikoak, ekonomikoak, gizartekoak eta kulturalak nahasten dituen kontserbazioaren begiratzea sortu da. Beraz, naturaren kontserbazioa herrietako garapen ekonomikoarekin eta inguru gizartekoa eta sozialaren babespenarekin bat egitera pasatu da.

Hitz gakoa: Izadiaren babespena. Ingurune babestuak. Laborariak.

Resumen: El concepto actual de la conservación de la naturaleza va más allá de los contenidos meramente conservacionistas. La contestación campesina y rural a las políticas de espacios protegidos unida a los debates cada vez más frecuentes sobre los resultados de experiencias proteccionistas concretas y a la reflexión sobre los contenidos comportados por la idea de conservación de la naturaleza promovidos por organismos internacionales desde los años setenta ha terminado por desembocar en una concepción integrada de la conservación, en la que convergen el conjunto de problemas, (ecológicos, económicos, sociales, culturales,...) presentes en la misma. La conservación, por tanto, ha pasado a concebirse como un todo indisociable con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales afectadas y la protección del entorno sociocultural.

Palabras-clave. Conservación de la naturaleza. Espacios naturales protegidos. Campesinado.

Abstract: The present concept of the conservation of the nature goes beyond the merely conservative contents. The answer rural farmer and to the policies of protected areas together with to the more and more frequent debates on the results of concrete protectionistic experiences and the reflection on the contents tolerated by the idea of conservation of the nature promoted by international organisms from the Seventies has finished ending at ecological, economic, social, cultural an integrated conception of the conservation, in which they converge the whole of problems present in the same one. The conservation, therefore, has happened to conceive itself like an all relate one with the socioeconomic development of the local populations affected and the protection of the sociocultural environment.

Key words: Conservation of the nature. Protected Areas. Peasant.

La vinculación mantenida por el crecimiento económico en las sociedades capitalistas con la creación de grandes empresas industriales, la asalarización de la fuerza de trabajo, la concentración de la población en las ciudades y la construcción de vías rápidas de comunicación entre las mismas ha conducido de forma inexorable a la irreversible y alarmante pérdida de espacios en los que la naturaleza presentaba un valor dominante. La disminución de zonas fértiles en beneficio de la expansión industrial y urbana, el destrozo visual de paisajes sobresalientes, la desaparición de especies animales y vegetales, etc., son fenómenos patentes y bien conocidos del deterioro general que, por la continuidad y aceleración de los procesos de industrialización y urbanización, afecta ya en cierta manera al conjunto del territorio de los países de industrialización avanzada.

La sociedad industrial trajo consigo cambios profundos en las condiciones de vida. Los avances experimentados en los procesos productivos han derivado en una serie de consecuencias positivas como reducción del tiempo de trabajo, mejoras en las rentas saláriales, desarrollo de las redes de comunicaciones y los transportes, generalización de los medios individualizados de transportes, etc. (Lafargue, 1991: 132 y ss.; Dumazedier, 1962: 49-53; Fernández Fuster, 1991:11 y ss. y 515 y ss.) y otros negativos, de los que, aquí, interesa mencionar las consecuencias socialmente desorganizadoras manifestadas en la despersonalización producida por la organización taylorista del trabajo con el consiguiente divorcio entre cultura y actividad labor    (Mumford, 1971: 173-175 y 191; Touraine, 1971: 189-199; Hobsbawn, 1977: 82-85; Thompson, 1984: 290-293; Luis, 1988: 40-44). El deseo de ruptura con los ritmos y limitaciones de la vida cotidiana, manifestado como una necesidad de libertad, ha originado el desarrollo de actividades ligadas con el ocio, el tiempo libre y el esparcimiento (Richez, 1978: 132-133).

Las ciudades y áreas urbano-industriales han sido asentamientos que, por la absorción de población procedente en su mayor parte de las zonas rurales, han crecido de forma incontenible en las sociedades industrializadas. El cambio de residencia ha traído, sin embargo, parejo la modificación de la relación del hombre con la naturaleza que, de ser directa y diaria en las zonas rurales, ha pasado a ser cada vez más esporádica y artificial en las ciudades. Los habitantes urbanos, a falta de espacios libres reservados al esparcimiento en el interior o en torno de los núcleos urbanos, han tratado de escapar de la presión y congestión urbanas por medio de la visita y contacto de los espacios más o menos naturalizados conservados en los medios rurales, en los que, de forma estereotipada, y en consonancia con lo que se conoce por "ideología de la clorofila" (Gaviria, 1969 b), han visto un almacén de aire puro, un refugio de vida salvaje o el depósito de tradiciones ancestrales (Pidal, 1932: 8-9; Richez, 1978: 131-132; González Faraco, 1991: 22). La vuelta a la naturaleza y los contactos con el medio natural en cuanto a actividad de esparcimiento y ocio han convertido a los espacios rurales, que conserva medios naturales relativamente inalterados o poco adulterados, en objeto de consumo y mercado.

La conservación de la naturaleza, en el contexto referido, ha sido objeto de una preocupación social creciente en la medida que los procesos de industrialización y urbanización se han acelerado. Uno de los campos, en los que se ha canalizado la preocupación medioambientalista, ha sido la protección de los espacios salvados al crecimiento económico y portadores de valores naturalísticos raros y excepcionales con el fin, por un lado, de contribuir a crear unas condiciones de futuro para las generaciones venideras y, por otro, facilitar el disfrute y ocio recreativos por las actuales con las debidas garantías de respeto y persistencia de los valores protegidos.

La cada vez mayor atención prestada por parte de la opinión pública a los temas conservacionistas, lo que, por ejemplo, se manifiesta en el dato de que los programas de los medios de comunicación sobre la naturaleza y, más concretamente, sobre animales en vías de extinción, acaparan las máximas audiencias, se ha visto a su vez acompañada de un progresivo interés por parte de los poderes públicos sobre estas cuestiones. La naturaleza ha pasado a convertirse en objeto y campo de la actuación política y ello ha sido así porque el Estado utiliza las políticas conservacionistas como fuente de legitimación social del poder político (Offe, 1990: 165-167). En este sentido, el papel de las administraciones públicas en el establecimiento de espacios naturales protegidos ha sido decisivo y no faltan quienes han visto en la creación de los mismos el resultado de una oferta pública sin demanda económica previamente articulada (Fabiani, 1989: 202-203), es decir, una creación pública en respuesta a una demanda social introducida en el discurso público conservacionista a modo de justificación de la actuación y entendida aquella como necesidades y aspiraciones sociales detectables en el ambiente social (Thiebaut, 1989: 269-272) pero sin llegar a haber sido racionalizadas y, por tanto, asumidas por los movimientos sociales de la sociedad civil, faltando, por ello, una reivindicación y presión sociales organizadas en favor de su establecimiento (Garayo, 2000). La declaración de espacios naturales protegidos, en el contexto señalado, resulta rentable desde una perspectiva de marketing político. Los ciudadanos sacan la conclusión de que los gobiernos trabajan por el medio ambiente y, además, facilitan el disfrute del ocio.

Las políticas institucionales orientadas a preservar y conservar el medio natural en cuanto patrimonio tanto actual como futuro están basadas en la aplicación de un estatuto legal especial de regulación y gestión a determinados espacios diferenciados (Leynaud, 1985: 130; Colón, 1989: 14-15; UICN y al., 1991: 41-42), portadores de sobresalientes e intrínsecos valores naturalísticos y paisajísticos, seleccionados con los objetivos de salvaguardar la diversidad biológica, potenciar su uso público y fomentar el desarrollo económico de los mismos y articulados en una red territorial interconectada y formada por una muestra representativa de los ecosistemas y hábitats existentes (Castri y Lope, 1977: 2-8; Dourojeanni y Ponce, 1978: 15-16; UICN y al., 1980: 6.8, 6.9 y 6.12 y 1991: 41; Carvalho y Magnani, 1982: 426-429; González Bernáldez, 1984: 393-394 y 1989 a: 45-52; Colón y Díaz, 1989: 17-18; IUCN (Cnppa), 1994: 185). Los espacios naturales protegidos conforman áreas distintas y diferenciadas en el seno del espacio rural. El territorio declarado como espacio natural es un espacio perfectamente delimitado tanto cartográfica como físicamente por medio de planos, señales y balizas.

El proceso de creación de espacios naturales protegidos ha sido interpretado de forma contradictoria. Unos han visto los espacios naturales como "paraísos" de reconciliación del hombre y la naturaleza, un "paraíso poseído", cuyo goce introduce al hombre urbano en un estado de felicidad tal que incluso se ha vinculado el disfrute de los mismos con la solución a la cuestión social (Pidal, 1932: 9). Otros, con un enfoque de centro-periferia en las relaciones sociales sobre el territorio, han interpretado el establecimiento de estos espacios como mecanismos promovidos por la administración pública y orientados a hacer posible la transformación en mercancía de espacios de singular rareza y valor naturalístico y favorecer así la utilización recreativa y turística de los mismos por los habitantes urbanos (López Palomeque, 1984 a y b). La creación de espacios protegidos ha sido analizada así mismo, entre autores críticos con la experiencia alemana de los parques naturales, como la forma de desplazar, sin, por otro lado, resolverse, el problema del ocio recreativo surgido en la vida cotidiana de las ciudades con la desventaja añadida de contribuir además a fomentar los desequilibrios en los territorios rurales (Campillo, 1994: 84). El despliegue y proliferación de espacios naturales protegidos son interpretados también, en cuanto espacios verdes de relajación de las tensiones acumuladas en el trabajo, en la industria y en la vida urbana, como dispositivos de técnica social orientados a favorecer el disfrute de la naturaleza desde perspectivas educativas y sociales normalizadoras que, dentro de un esquema teórico tomado de Foucault, se homologan a la red de equipamientos y servicios públicos (la escuela, el ejército, el hospital, ...), estando destinados, por tanto, al reforzamiento del consenso social, particularmente necesario, en los momentos de crisis social aguda (Kalaora, 1979; Anselme y al.., 1981; Kalaora, 1989: 130-133). Los espacios protegidos, en opinión de algunos autores, se conforman dentro del sector de bienes y servicios como elementos de consumo poco comunes que, en función de contener recursos difícilmente reproducibles, pasan a ser bienes solicitados por el turismo de masas (Richez, 1978: 132-133). Los espacios protegidos se consideran así mismo sistemas locales de producción de bienes y servicios agroambientales, dentro de los cuales las actividades agrarias y el desarrollo de las mismas juegan un papel estratégico (Montresor, 1994: 138-146). Un poco de todo esto puede encontrarse en las políticas de espacios protegidos, pero una interpretación, más general que asume e integra la realidad compleja de los mismos, puede quizá consistir en su consideración como elementos estables de la ordenación del territorio nacional y, particularmente, de la planificación y reorganización de los espacios rurales (Leynaud, 1985: 138), cuyo objetivo último reside en la rentabilización al máximo de estas zonas periféricas dentro del marco económico y social global.

1. EL REPLANTEAMIENTO DE LA IDEA ORIGINAL DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO ANTE LA CONTESTACIÓN RURAL Y CAMPESINA

La concepción actual de la idea de la conservación de la naturaleza es muy diferente a la sustentada hasta hace más de dos o tres décadas. La protección puntual de valores naturalísticos y paisajísticos raros y excepcionales sobre unas mínimas actividades de gestión, en las que predominaban los enfoques naturalísticos con exclusión y marginación de los intereses y demandas de los habitantes y poblaciones locales residentes en los espacios protegidos, ha sido renovada desde los años setenta y, sobre todo, a partir del decenio de los ochenta y sustituida por una concepción de la conservación globalizadora que, mediante la planificación física, territorial y económica, persigue vertebrar los objetivos conservacionistas al entorno socioeconómico y territorial circundantes. La renovación y cambio en los enfoques conservacionistas vino, al menos, en parte, producido por las resistencias rurales y contestación campesina ante actuaciones públicas en la materia con objetivos predominantemente naturalísticos o paisajísticos y miras excesivamente sectorializadas y puntuales.

Los territorios de carácter naturalístico único y excepcional, a los que la lejanía, la difícil accesibilidad, la pobreza agronómica de los suelos, la persistencia de prácticas agrarias tradicionales, etc., les ha protegido de un uso humano intensivo y desarticulador, coinciden frecuentemente con marismas (González Bernáldez, 1989 b; Parra, 1989; Montes, 1995) o áreas marginalizadas de montaña y zonas de utilización agrícola residual (Gaviria, 1971: 354; Martínez Pisón, 1977 b: 93; López Ramón, 1976: 358, 1980: 105 y 1988: 46; Ariño y De La Cuetara, 1982: 18-20; Ariso, 1982: 9; González Bernáldez, 1984: 392; Garay, 1986: 18; Molina, 1986: 68; González Hernández, 1988: 83; Bontron, 1989: 164; Arenillas y al., 1989: 317-318; Colón Díaz, 1989: 549 y 551-552; Ducros, 1989: 791; Martínez Pisón, 1989: 37; Marín, 1991: 41-42; Cannata, 1992: 65). Estos espacios y, mas concretamente, las zonas de montaña, se distinguen por una fragilidad socioeconómica traducida en indicadores del estilo del éxodo rural, baja densidad demográfica, predominio de bases económicas agrarias, envejecimiento de los profesionales agrarios, déficit en equipamiento colectivo e infraestructuras, etc. (Roux , 1989). Los espacios naturales o semi-naturales, al menos los europeos, ocupados y explotados desde antiguo por el hombre, albergan ecosistemas en diferentes etapas de sucesión y, por tanto, más o menos artificializados, de equilibrio inestable, siendo por ello particularmente sensibles o frágiles ante la supresión drástica de la acción humana o por el impacto y alteración externas (González Bernáldez, 1984: 376; Cabero, 1987: 133; Parra, 1989). Estos territorios hominizados pero portadores de un dominante y alto valor naturalístico, que encierran importantes recursos tanto económicos (aprovechados en forma extensiva o por largos turnos de producción) como paisajísticos y socioculturales (revalorizados actualmente por la demanda social de recreación), constituyen espacios ecológicamente frágiles y socialmente complejos y problemáticos, cuya conservación implica una estrategia articuladora del espacio natural en el espacio social e integradora de la planificación física en la económica para, con estricto respeto a los valores naturales, paisajísticos y culturales protegidos, apostar por la consolidación de los mismos como espacios multifuncionales y por la dinamización del potencial humano, cultural y productivo endógenos (Troitiño, 1989: 288-291; Arenillas y al., 1989: 324-326; Valenzuela, 1989: 369-372; Mestre y Zamora, 1988: 59-60; Maher, 1989: 81-82; Bohner, 1989: 96). La aplicación de concepciones museísticas y rígidas de la conservación no hizo sino reforzar los desequilibrios y acentuar la desestructuración socioeconómica de los mismos.

La declaración de espacio natural protegido convierte al área afectada en un espacio tutelado por la administración, lo que conlleva para las propiedades privadas y locales así declaradas el tratamiento de bienes de utilidad pública a efectos de expropiación y la facultad por la administración del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en operaciones de compraventa de terreno así como limitaciones en la libertad de disposición sobre el suelo en cuanto a producciones agrarias y usos urbanos e industriales cuando estas, en conformidad al grado de protección establecido, alteran de forma irreversible los elementos o la dinámica de los espacios protegidos (Ortuño, 1976: 119; Leynaud, 1985: 136-137; López Ramón, 1980: 206-229; Goode, 1980: 281-282 y 284; Ariño y De La Cuetara, 1982: 113-121; Janin, 1985: 8-9; Garay, 1986: 18; López Ramón, 1988: 47-48; Rodríguez, 1988: 29; González Hernández, 1988: 83; Sebastián, 1989: 480; Colón 1989: 15; Castanyer, 1991: 26; Delgado, 1992: 199-200 y 227-231).

La creación de espacios naturales protegidos, entraña en ocasiones, una serie de cambios respecto a la apropiación no solo simbólica sino también territorial de los recursos naturales por los distintos agentes y clases sociales, que merecen ser comentados. Espacios que, desde antaño, han constituido recursos económicos, que han contribuido a la supervivencia de las poblaciones residentes en los mismos y, por tanto, han pasado a convertirse en elementos estructurantes de identidades locales y que, hasta la declaración como lugares protegidos, habían sido utilizados para el esparcimiento al aire libre por los lugareños y, en ocasiones, por clases sociales populares (caza, camping...) de las poblaciones limítrofes y cercanas pasan, una vez producida la declaración como espacios naturales protegidos, a ser apropiados simbólica y, también, territorialmente por los estratos sociales culturalmente más cultivados y las clases sociales dominantes, lo que tiene como traducción más o menos inmediata el aumento del nivel socio-cultural y de la distancia recorrida por parte de los usuarios, que los frecuentan (Picon, 1987 y 1989).

La creación de espacios naturales, con las servidumbres y cargas legales implícitas en la conservación y los cambios económicos, sociales, político-administrativos derivados de la misma, suele ser considerada, al recaer sobre propiedades en su mayoría particulares o, ajenas, por ser de entidades locales, a los patrimonios territoriales provinciales, autonómicos y nacionales, como una interferencia de la administración en la vida de la sociedad local, como una intrusión en el espacio político-territorial y socio-cultural conformado históricamente por las comunidades rurales y las familias que la integran. La maraña de conflictos desencadenados por las actuaciones conservacionistas públicas han de situarse, por tanto, en este marco, y reflejan la vitalidad y dinamismo de unas poblaciones locales con identidades colectivas forjadas en el recuerdo histórico y la tradición, que se resisten a la pérdida y, en todo caso, compartición del control y gestión de los recursos particulares y colectivos, que entraña cualquier actuación pública en materia de protección de espacios, y protestan por endosarles la actuación conservacionista sin articular ninguna o escasas medidas compensatorias (Martín-Retortillo, 1975: 364; Richez, 1978: 133-136; Cannata, 1992: 64; López Ramón, 1980: 111-112 y 116-120; Palenzuela y Hernández, 1993; Garayo, 1998: 247-250). La financiación pública de programas de desarrollo socioeconómico en el interior o en las zonas periféricas de los espacios naturales protegidos constituye, por ello una "compensación colectiva" a las limitaciones impuestas en la zona protegida (UICN y al., 1980: 14.8 y 1991: 42-43; López Ramón, 1980: 203-204; Leynaud, 1985: 128 y 134; Sebastián, 1989: 480; Garayo, 1997). En este sentido, el enfoque renovado de la conservación de la naturaleza bajo el lema "conservar es desarrollar" persigue superar estos problemas mediante la utilización de los espacios protegidos como palancas de revitalización de las economías locales de zonas rurales marginalizadas (Miller, 1980: 22 y 98-100; Leynaud, 1985: 138; Synge (coord.), 1994: 66-67).

Los espacios naturales protegidos son espacios de uso público, un terreno "libre", en el que los visitantes, pero, también las comunidades locales y los propietarios se encuentran con que, sin embargo, es un territorio ocupado por "otros", es decir, ecosistemas, administración, comunidades locales y propietarios en un caso y, en el otro, visitantes además de los dos primeros (Leynaud, 1985: 128-131, 135 y 138). Los espacios naturales protegidos, como todo espacio, son un producto social resultado de un movimiento de doble dirección. El espacio protegido, en los contenidos estéticos, científicos, recreativos, etc., ha de considerarse, al menos, inicialmente, una creación urbana (Gaviria y Bueno, 1971; Gaviria, 1976: 206; Martínez Pisón, 1977 a: 31; Richez, 1978: 133; Varlet, 1980:4; López Ramón, 1980: 108-112 y 1988: 42; Leynaud, 1985: 137; Luginbühl, 1991: 29-33). La concepción abierta y multifuncional del espacio natural protegido responde al moldeamiento de la original idea urbana por las presiones y demandas formuladas desde las comunidades rurales afectadas y amenazadas por la desestructuración socioeconómica a consecuencia de la generalización de la economía capitalista (UICN y al., 1980: 14.8 y 1991: 42-43; Leynaud, 1985: 128 y 134; Sebastián, 1989: 480; Picon, 1989: 111), cuyo ritmo de penetración se acelera cuando pasan a ser catalogadas como espacios protegidos.

La contestación campesina y rural a las políticas de espacios protegidos unida a los debates sobre los resultados de experiencias proteccionistas concretas y a la reflexión sobre los contenidos comportados por la idea de conservación de la naturaleza promovidos por organismos internacionales desde los años setenta ha terminado por desembocar en una concepción integrada de la conservación en la que converge el conjunto de problemas, (ecológicos, económicos, sociales, culturales, ...) presentes en la misma.

2. EL CAMBIO DE ENFOQUE EN LA CONCEPCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: DEL DISCURSO SECTORIAL A UNA PERSPECTIVA INTEGRADA.

Un repaso por la historia de los espacios protegidos permite comprobar como los objetivos de conservación y los criterios de selección de estas áreas han pasado de un enfoque puntual, sectorial, localizado, estático y, preferentemente, estético-paisajístico-recreativo a una visión dinámica, global e interrelacionada de los espacios naturales, por lo que el acento se ha trasladado desde las especies ( inicialmente, las de valor cinegético en los años 60-70 y, posteriormente, en los años 70-80, las emblemáticas formadas por vertebrados de gran tamaño, particularmente, mamíferos y aves) a los ecosistemas (años 80-90) para, progresivamente desde los años 80, insertar a éstos en el marco de la ordenación territorial y la programación socioeconómica (Fernández, 1975: 218-220; Ortuño, 1976: 113; Miller, 1980: 21-22; López Ramón, 1980: 83-89; Ariso, 1982: 10; Carvalho y Magnini, 1982: 420-422; González Bernáldez, 1984: 373-374 y 1989 a: 53-54; Gutman, 1985: 21-23; González Bernáldez y Montes, 1989; Herrera, 1989; Valenzuela, 1989: 367; Letourneux, 1989: 398-400; Martínez Salcedo, 1989: 747 y 752; Martínez De Pisón y Arenillas, 1989: 843-844 y 846; Da Cruz, 1989: 9; Díaz Pineda, 1991: 42-46; Reyero, 1991: 120; Cannata, 1992: 61; González Turmo, 1993:35; Montes, 1995: 111-113 y 124-125). La conservación ha pasado a concebirse como un todo indisociable con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales afectadas y la protección del entorno sociocultural. La idea actual de conservación es resultado de la superposición e integración de los discursos estético-paisajístico, naturalístico y globalizador que se han sucedido en la historia de los espacios naturales protegidos.

El discurso estético-paisajístico sobre espacios naturales protegidos, con la historia y evolución de los espacios naturales protegidos dentro del territorio español como ejemplo, coincide con la etapa de aprobación de la Ley, de 7 de diciembre de 1916, sobre Parques Nacionales (Senado, 1916: I, apéndice 4º al nº 23; Congreso, 1916: VIII, apéndice 8º al nº 102), y la declaración en 1918 de los primeros Parques Nacionales, los de Covadonga (Ley de 22 de julio de 1918) y Ordesa (R.D.de 16 de agosto de 1918), sobre la base de criterios que priorizaron la asociación de la naturaleza con paisajes formados por espectaculares bosques, tradiciones históricas y devociones religiosas populares; la gestión y, por tanto, la atención al turismo y desarrollo socio económico de las poblaciones afectadas, se apunta ya de forma incipiente en esta etapa pero, por falta de fondos presupuestarios, aquella jugó un papel muy secundario y diluido para, finalmente, ser abandonada (Hernández Pacheco, 1923: 320-323 y 1933: 15-30; Solé y Bretón, 1986: 43-44; Gómez Mendoza, 1992: 198 y 203).

El enfoque naturalístico, dentro del contexto de la experiencia española sobre espacios naturales protegidos, se corresponde con la declaración del Parque Nacional de Doñana (Decreto 2412/1969, de 26 de octubre), aunque, en cierta forma, puede considerarse iniciado con la declaración de los Parques nacionales canarios del Teide y de La Caldera del Taburiente, y culmina con la creación de los parques nacionales de Daimiel (1973), Timanfaya (1974) y Garajonay (1981). Los criterios naturalísticos en sentido biológico como geológico se abrieron paso en el ámbito de los espacios naturales protegidos en los que el paisaje de montaña había sido hasta entonces el criterio dominante. Las declaraciones de espacios naturales protegidos, por no ir acompañadas de los correspondientes medios humanos y financieros, resultaron inoperantes en la práctica y, por tanto, la gestión realizada en los mismos desatendió las finalidades científicas, educativas y socioeconómicas a desarrollar por los espacios naturales protegidos (Ortuño, 1976: 120; López Ramón, 1980: 7; Marraco, 1988: 94; Da Cruz, 1989: 12).

La concepción de la conservación sustentada en la protección sistematizada de aquellos casos representativos y modélicos del funcionamiento de los procesos de la naturaleza que introduce como objetivos la compatibilización en la gestión del binomio conservación-desarrollo, la ordenación territorial de los espacios naturales protegidos dentro de su área circundante y la planificación interna en cuanto mecanismo de intervención, emerge en España en torno al segundo quinquenio de los setenta, se materializa en los primeros años del decenio de los ochenta para articularse en forma legal a finales del mismo con la ley 4/89, de 27 de marzo, sobre Espacios Naturales y Flora y Fauna silvestres. La Ley de Espacios Naturales Protegidos de 2 de mayo de 1975 convirtió en obligatoria la planificación física (Machado, 1989: 416-417; Castroviejo, 1994: 17). El texto refundido de la Ley, de 9 de abril de 1976, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, posibilitó por la vía de los Planes Directores Territoriales de Coordinación la conexión de la planificación económica y la ordenación territorial con la protección del medio natural (Ariño y De La Cuetara, 1982:101-105; Bassols, 1989: 78-80; Mauri, 1986: 40; Colón y Díaz, 1989: 48). Las leyes reclasificatorias de los espacios naturales protegidos declarados en el momento de la aprobación de la ley de Espacios Naturales Protegidos, particularmente, las leyes concernientes al Parque Nacional de Doñana (Ley 91/78) y a los parques nacionales canarios (Leyes 3, 4, 5 y 6/81), trataron de subsanar los vacíos existentes en la legislación e introdujeron importantes novedades en cuanto a la ordenación territorial (zonas de influencia o preparque), a la promoción del desarrollo económico del entorno o de las áreas de influencia socioeconómica y a la planificación -PRUG, Planes Especiales-, (López Ramón, 1980: 81, 111, 117-118 y 204-206 y 1988: 40-41; Morillo, 1988: 51-54; Colón y Díaz, 1989: 45-46; Machado, 1989: 417 y 1991: 318-319; Llorens y Rodríguez, 1991: 63; Castroviejo, 1993). La ley 4/89 dio carácter genérico a toda esta normativa individualizada y dispersa y la vertebró de forma coherente en el contexto de la estrategia conservacionista promovida desde los organismos y asociaciones internacionales relacionadas con la conservación de la naturaleza.

La aparición de la Estrategia Mundial para la conservación en 1980, precedido por una serie de acontecimientos de renombre internacional acaecidos en los setenta tales como el Año Europeo de la Conservación de la Naturaleza, organizado en 1970 por el Consejo de Europa, la creación del Programa MAB (Hombre y Biosfera) por la UNESCO en 1971, la celebración en 1972 de la Conferencia de Naciones Unidas de Estocolmo sobre el Medio Humano y la creación, a raíz de la misma, del PNUMA, agencia internacional especializada en temas medioambientales, marcó el punto de inflexión en la transición de un discurso naturalístico al actual enfoque globalizador de la conservación de la naturaleza. La Unión Internacional par la Conservación de la Naturaleza (UICN) con la asesoría, cooperación y apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del World Wildlife (WWF) y con la colaboración de la FAO y la UNESCO dio a luz en 1980 la Estrategia Mundial para la Conservación que, tras permanecer en vigor durante una década, ha sido actualizada y sustituida en 1991 por Cuidar la Tierra. Estrategia para el futuro de la Vida (UICN y al. , 1991). Ambos documentos insisten en dos ideas que pueden considerarse centrales: el desarrollo socio-económico, para ser sostenido y viable desde una perspectiva intergeneracional, precisa integrar en sus objetivos y métodos la conservación de la naturaleza como un elemento irrenunciable y, además, la conservación de la naturaleza pasa por compatibilizarla con el desarrollo económico y, de esta forma, asegurar a quienes habitan los espacios de singular valor ecológico un bienestar económico, social y cultural que impida que, para sobrevivir, tengan que proceder a la destrucción de los recursos naturales de su entorno.

La celebración del IV Congreso Mundial sobre Parques Nacionales y Espacios Protegidos, celebrado en Caracas (Venezuela) entre el 10 y el 21 de febrero de 1992, dio motivo a la aparición de documentos diversos como "La Declaración", el "Plan de Acción, las Comunicaciones, las Recomendaciones, etc. (Mcneely (ed.), 1993 a; Barzetti (ed.), 1993), en los que, en una u otra forma, se insistió en un enfoque de conservación de los espacios protegidos que, tras abandonar definitivamente la concepción de isla o santuario, ha apostado por la integración de los mismos en marcos de planificación ecológica, territorial y económica más amplios (Mcneely (ed.), 1993 a: 20-21 y 1993 b: 183, 193 y 196-197; Barzetti (ed.), 1993: 241-242; Lucas, 1994: 179; Synge (coord.), 1994: 14-16). En este sentido, el Congreso aprobó como decimoquinta recomendación la redacción de planes orientados a vincular las acciones regionales y nacionales con los objetivos mundiales en cuanto a la biodiversidad, punto ya ejecutado por lo que respecta a Europa (Synge (coord.), 1994).

Las políticas de espacios naturales protegidos, desde los ochenta, se han orientado incipiente pero progresivamente hacia planteamientos y enfoques cada vez más multidimensionales e integrados (UICN y al., 1980: 9.8 y 9.13 y 1991: 41-43; Kamal Tolba, 1982; Unesco, 1982: 21-23; Martínez Salcedo, 1989: 747; Fourneau, 1989; Cannata, 1992: 61-63). Por ello, las instituciones públicas, con las políticas conservacionistas, pretenden armonizar los tradicionales objetivos de protección de los valores naturalísticos y el disfrute del público mediante actividades recreativas con la educación ambiental, la investigación del medio natural y la conservación del patrimonio cultural (Harley, 1979: 405; Dupont, 1979: 157-161; Varlet, 1980: 7-14; Panareda, 1980: 60; González Bernáldez, 1984: 394; Ortuño Medina, 1984: 403-404; Díaz Del Olmo y Molina, 1985: 149; Batisse, 1986; Cabero, 1987: 134; Troitiño, 1989: 280-282 y 289-291; Delannoy, 1989: 360-361; Sebastián, 1989: 481-483; Colón, 1989: 550; Ducros, 1989: 791-794; Garayo, 1996) y, también, con el desarrollo socioeconómico (López Ramón, 1982: 112-121; Garayo, 1996) y la mejora de las condiciones de vida de la población residente. El objetivo perseguido consiste, en último término en abordar un tratamiento integral de la problemática planteada en materia de protección de la naturaleza, generar un desarrollo sostenible (Ortuño, 1984: 406; Batisse, 1986: 7; Colón, 1989: 550 y 552; Díaz Pineda, 1991: 52-53; Garayo, 1996) y, de esta forma, avanzar en una mayor eficacia de las políticas proteccionistas.

3. LA GESTIÓN: DE LA PROTECCIÓN PUNTUAL DE "SANTUARIOS" A LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA "ORDINARIA".

La creación de espacios naturales protegidos contribuye a reforzar la distinción entre una "naturaleza cualificada", que merece ser conservada y otra "ordinaria", cuya destrucción no importa (Fabiani, 1985: 86). La gestión del espacio consistente en la conservación de los espacios protegidos mientras, en el resto, se procede de forma arrasadora, no puede sino interpretarse como el triunfo del desarrollismo y la indiscutible derrota de las políticas medioambientales reducidas a meras operaciones de cosmética de un crecimiento económico a ultranza (Ariso, 1982: 10; Díaz Pineda, 1991: 46; Araujo, 1990: 225). La declaración de espacios naturales protegidos se convierte de este modo en una patente de corso o carta blanca para actuar indiscriminadamente fuera de los límites de los mismos con olvido y al margen de los principios básicos de conservación del patrimonio natural (UICN y al. , 1980: 1.2; Parra, 1990: 71 y 74; Bouillon, 1991: 199-200; Reyero, 1991: 120; Campillo, 1994: 84-85).

El espacio protegido en un territorio de paisaje humanizado y, también, ocupado económicamente de forma desigual pero constante en el tiempo, como es el europeo, no puede ser tratado como un lugar acotado y fosilizado, un islote-museo sujeto a políticas ambientales sectoriales segregadas del medio territorial, económico, social e histórico circundantes (Fernández, 1975: 218-219; López Ramón, 1976: 368; Paluzie, 1977: 79; Martínez De Pisón, 1977 a: 32 y 1977 b: 91; Dupont, 1979: 166-167; Cotarro, 1983; Sosa, 1983: 344; Delibes, 1985: 7-9; Martínez Salcedo, 1985: 48-49; Troitiño, 1989: 279-280; Rodríguez, 1989: 184; Llorens y Rodríguez, 1991: 10; Casas, 1993: 57). Las delimitaciones cartográficas han de dejar de ser la "frontera entre lo permisible y lo prohibido" (Marín, 1991: 10) de modo que la conservación traspase las elásticas y desdibujadas fronteras de los espacios naturales protegidos para abarcar la "naturaleza ordinaria" del conjunto del territorio -área de influencia (Martínez Salcedo, 1989: 752; Paluzie, 1990: 186) o ecoregión (Dourojeanni y Ponce, 1978: 15)-, en la que está inmerso. Ello implica integrar la conservación del espacio natural en el entorno, usos y costumbres que contribuyeron a definir y moldear el medio natural con los rasgos singulares y sobresalientes heredados.

La protección de la naturaleza no se agota en la delimitación cartográfica de un territorio en el mapa, al que se le da un reconocimiento oficial mediante ley o decreto. El acto de declaración del espacio natural encierra exclusivamente normas cautelares y defensivas sobre lo que se puede y no se puede hacer con independencia de su aplicación o no. Los espacios naturales protegidos, por el mero hecho de contar con el reconocimiento de unos cualificados valores naturalísticos y en el contexto del "fetichismo de la naturaleza" constatable en las masas urbanas, generan un uso recreativo que, a falta de gestión y medios financieros, puede redundar en el deterioro e, incluso la destrucción de la zona y valores protegidos. La declaración legal de un área natural como espacio protegido no entraña la garantía total de protección de la misma (Costa, 1985: 127; Cabero, 1987: 133-134; Parra, 1989; Araujo, 1990: 217-219; Reyero, 1991: 118-119; Campillo, 1994: 85; Montes, 1995: 102 y 116). Las políticas para ser coherentes, han de ser activas, lo que implica inversiones y una gestión correcta en consonancia con las características principales que definen la estructura, funcionamiento y dinámica de los recursos naturales o paisajísticos protegidos.

La gestión de los espacios protegidos, en el marco de las demandas urbanas, la contestación rural y el esfuerzo de los conservacionistas, organismos internacionales vinculados a la conservación de la naturaleza por elaborar sistemas de protección eficaces, ha pasado a comprender de forma creciente una amplia gama de contenidos que responden a finalidades múltiples (conservación de la naturaleza, diversificación y desarrollo económicos, uso público en las modalidades de recreación, investigación y formación ambientales, protección del patrimonio arquitectónico y etnológico, preservación de los paisajes, ...). La gestión acorde con un enfoque globalizador e integrado, que atiende las dimensiones naturalística, económica y social encerradas en la conservación, responde a una orientación activa en la búsqueda de un equilibrio entre las prioridades ecológicas, productivas y sociales (Gutman, 1985: 20 y 23).

La integración de los objetivos conservacionistas y goce público con los de ordenación territorial y desarrollo socioeconómico ha introducido así mismo cambios en los criterios de selección de espacios protegidos y en el sistema de regulación de las actividades admitidas en los territorios declarados como espacios naturales protegidos. La visión puntual de lo valioso, seguida en la selección de los primeros espacios naturales protegidos, trata de ser sustituida por una visión sistemática y globalizada del territorio, que permita detectar y, por tanto, elegir una muestra de los ecosistemas y geo-sistemas más representativos tras sopesar criterios no solo naturales sino también territoriales, económicos, sociales, jurídicos y administrativos (Martínez Pisón, 1977 b: 90-98; Gutman, 1985: 22; Martínez Pisón y Arenillas, 1989: 847-849; Paluzie, 1990: 187; Barzetti (ed.), 1993: 203-205). La declaración de espacio natural protegido con ordenación uniforme de actividades sobre el conjunto del territorio y subsiguiente vida lánguida por falta de inversiones (Quiroga, 1961: 281; Ortuño, 1976: 120; Sebastián, 1989: 480) ha dado paso a un sistema planificatorio que, mediante la zonificación, delimita áreas con diferente utilización y destino, ordena las actividades de las diversas partes, de que consta el territorio tutelado, y programa un plan calendarizado de actuaciones a ejecutar en las mismas (López Ramón, 1980: 195-206). El territorio de los actuales espacios naturales protegidos integra distintos sub-espacios (natural, forestal, ganadero, etc.), todos ellos sometidos a reglamentación legal, planificación física y programación económica (Machado, 1988 y 1989; Castanyer, 1991), que sirven de soporte a una gestión orientada a la integración del espacio natural protegido en el conjunto ordenado de obligada referencia territorial (sea comarcal, regional o estatal) y al desarrollo sostenible de los recursos naturales.

La gestión en los espacios naturales protegidos, en una forma esquemática, gira en torno a dos grandes tendencias: la no intervencionista, que concede a la naturaleza una existencia y valor intrínsecos y se resiste, por tanto, a subordinar la vida de la misma a consideraciones antropocéntricas (v. nota) y la intervencionista, que, a partir de la consideración de los sistemas ecológicos como el resultado de la confrontación entre la lógica de los procesos naturales y la presión antrópica, entendida esta en un sentido amplio, y en conformidad a los objetivos perseguidos, apuesta por la utilización de los conocimientos y tecnologías disponibles sobre la naturaleza para controlar la evolución de los procesos ecológicos, la conservación de los patrimonios naturales heredados y amenazados de extinción y el mantenimiento de los paisajes (Lefeuvre, 1982 y 1990: 61-65; Lefeuvre y al., 1981: 83-95; Aubert y al., 1989; Lecomte, 1991; Cannata, 1992: 61-63; Montes, 1995). Los ecólogos intervencionistas conceden un protagonismo de primer plano a las razas rústicas y poco seleccionadas de herbívoros domésticos por su contribución a la regulación de los ecosistemas y la persistencia de los paisajes. La estrategia conservacionista elitista centrada en la defensa de valores naturalísticos raros y excepcionales o amenazados tiende a ser sustituida por una estrategia global que atiende tanto los espacios protegidos como la "naturaleza ordinaria", se aprovecha de los avances experimentados en las ciencias tanto ecológicas como sociales y persigue la satisfacción de las demandas productivas, sociales, culturales y, estéticas de la sociedad sin traspasar el umbral de reproducción ecológica de los recursos naturales explotados con dicho motivo (Lefeuvre, 1990: 35-39 y 65-66 y Lefeuvre y al. , 1981: 91-95).

Las actividades agrarias, particularmente, las tradicionales, por las relaciones sinérgicas mantenidas por las mismas con la conservación del medio natural y el mantenimiento de los paisajes, han pasado a recibir la consideración de estratégicas (Montresor, 1994) en el plural y complejo modo de abordar de forma renovada la gestión en los espacios protegidos. El interés por la conservación de la naturaleza ordinaria ha revalorizado el papel que, no obstante el deterioro causado en ocasiones a la naturaleza en contextos de pobreza o falta de conocimientos, ha jugado históricamente el campesinado respecto al mantenimiento cuidadoso de una naturaleza altamente artificializada, de la que dependía la cobertura de las necesidades alimentarias de poblaciones numerosas (Gutman, 1985: 19; Sevilla y González Molina, 1993 y González Molina, 1993: 22-24). Los campesinos, con sus estrategias multiuso en el manejo de los recursos naturales y del espacio, mantienen y favorecen dos características medio ambientales que son cada vez más escasas en las sociedades de capitalismo avanzado: la heterogeneidad paisajística del territorio y la biodiversidad ecológica y genética de los recursos naturales. Ello ha dado lugar a una creciente reivindicación de las formas campesinas de producción agraria en cuanto portadoras de interacciones equilibradas y de relaciones integradas del ser humano con los ecosistemas (Toledo, 1978, 1985, 1991, 1992 y 1993; Gutman, 1985: 19; Grillo, 1985; Flores y Martínez Alier, 1988; Martínez Alier, 1989, 1990, 1992 y 1993; Sevilla y González Molina, 1992; Girardi, 1994), en la que se enmarca la aparición de la agroecología, enfoque que, en una perspectiva científica globalizadora, resalta la importancia que, por el alto grado de compatibilidad presentado desde el punto de vista ecológico, socioeconómico y cultural, tienen los sistemas agrarios tradicionales para el diseño de políticas y programas de producción agrícola y desarrollo rural alternativos a las formas hegemónicas imperantes de desarrollo agrario y rural (Leff, 1986; Altieri, 1990 y 1992; Carrol y al., 1990; Tillmann, 1991; Sevilla (1991) y con González Molina, 1990 y 1993; González Molina, 1991). El interés por la conservación de la "naturaleza ordinaria" subyace así mismo en la agricultura ecológica y, desde otros enfoques y con pretensiones muy distintas, apunta también en las políticas públicas agro medioambientales emergentes a partir de la segunda mitad del decenio de los ochenta.

En resumen, la concepción coherente de la idea de conservación entraña consecuentemente sistemas de protección del espacio globales y sistemáticos que, conforme a la riqueza naturalística y a la fragilidad ecológica y socioeconómica existentes, primen la selectividad y atiendan la variabilidad de casos y situaciones pero, de ninguna forma, descuiden y posterguen el tratamiento genérico del conjunto del territorio.

4. CONCLUSIONES

La paradoja de las políticas conservacionistas públicas radica en que, dinamizadas y apoyadas por ideas y preocupaciones surgidas en contextos y movimientos sociales urbanizados, encuentran las principales oportunidades de plasmación práctica en zonas rurales económicamente deprimidas. La declaración y gestión de espacios naturales protegidos en territorios socioeconómicamente marginalizados con una concepción museística y estática de la conservación de la naturaleza entraña para los mismos la acentuación de los desequilibrios y del proceso de desestructuración en los que están inmersos. La conservación de espacios naturales protegidos, (sean reservas, parques nacionales, parques naturales o reservas de la biosfera) corre desde esta perspectiva evidentes riesgos de convertirse por la inexistencia de medidas compensatorias en un instrumento de dominación social de agentes y movimientos sociales urbanos sobre las comunidades rurales, en las que aquellos se localizan.

Las poblaciones rurales, que, salvo excepciones y desde una perspectiva global, han de considerarse como predominantemente conservacionistas y, en buen número de casos, las últimas en adoptar la carrera del productivismo consumista, se han resistido a aceptar las limitaciones y restricciones entrañadas por los espacios naturales protegidos surgidos en el marco de la dinámica mayoritariamente depredadora del medio natural desencadenada por el capitalismo urbano-industrial. Este choque, con implicaciones políticas, económicas e ideológicas, ha desencadenado un replanteamiento en una dirección integradora del significado de la idea de conservación y, por esta vía, de la de los espacios naturales protegidos, replanteamiento cuya implantación y difusión es preciso enmarcar en las actuaciones en tal sentido acometidas por organismos internacionales relacionados con la conservación de la naturaleza.

La consistencia teórica, con que se presenta el discurso conservacionista en las declaraciones institucionales de ámbito preferentemente internacional pero, también, nacional, pocas veces, se refleja y traduce en el día a día de las políticas públicas proteccionistas. El discurso conservacionista institucional reivindica la defensa de los espacios naturales protegidos pero, de contenidos tecnocráticos y empleado de forma frecuente con fines de enmascaramiento ideológico, tiene como asignatura pendiente la defensa de las poblaciones campesinas, es decir, la de los agentes sociales garantes de la preservación de los recursos naturales que los textos legales declaran protegidos.

Las consultas regulares con las poblaciones afectadas para atender a sus problemas y hacerles partícipes de los proyectos en realización y la intervención de las mismas en el conjunto del proceso, desde la etapa previa hasta la fase final, se consideran no solo convenientes sino necesarias con vistas a la creación de una conciencia de los beneficios aportados por la operación proteccionista que impida que, en el código oral de derechos y deberes de las poblaciones rurales, el espacio natural protegido sea el reflejo de insolidaridad social (UICN y al., 1980: 14.6, 14.7 y 14.8; López Ramón, 1980: 119 y 197-198; Escalera, 1993: 13-14; González Turmo, 1993:35). La intervención y participación activas de las poblaciones rurales afectadas en la gestión de los espacios naturales protegidos, que, reflejada en la divisa de "conservar con la gente", implica superar los modelos de consulta y participación por otro de responsabilidad compartida en la programación, diseño y ejecución de las pertinentes actuaciones, se configura así en un elemento decisivo en la integración de los mismos en unas políticas territoriales globales que abarquen la conservación y el uso racional del territorio (Fernández, 1975: 222; Valenzuela, 1989: 372; Arenillas y al., 1988: 326; Castroviejo, 1991: 325-326 Y 1993: 20-24; Garayo, 1998 y 2000).

Conservación y desarrollo, más allá de las formulaciones teóricas, son conceptos que no son siempre compatibles en la práctica, al menos, no lo son las formas intensivas de producción agraria. La compatibilización del desarrollo y la conservación en los territorios declarados espacios naturales protegidos y, por tanto, la eficacia en las políticas conservacionistas queda, en todo caso, unida, mediante instrumentos como la planificación socio-económica y la ordenación territorial, a la articulación de los mecanismos de solidaridad y los medios financieros que permitan establecer aquellos modelos de desarrollo rural que, en el marco de un control democrático por parte de las poblaciones locales y de la salvaguardia de los valores protegidos, garanticen a los habitantes de las zonas rurales afectadas por la declaración de espacios protegidos, un crecimiento económico sostenible, unas dignas condiciones de vida y, en definitiva un futuro mejor.

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NOTAS

1) La ciudad es una forma de asentamiento humano con indudables ventajas en cuanto generación y acumulación de riqueza económica, empleo, educación y cultura La vida en la ciudad, por otro lado, encierra actualmente una serie de problemas como el hacinamiento, los ruidos, la contaminación, la congestión del tráfico, etc., a contrastar con la ventaja de vivir en una ciudad. Para un análisis del modelo productivo y territorial en la sociedad industrial y capitalista, véase a D. HARVEY (1977), M .BOOKCHIN (1978) y R. FERNÁNDEZ DURÁN (1993).

2) UICN y al. (1980). La concepción integrada de la conservación y la vinculación de esta con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones incluidas en espacios protegidos son también propugnadas desde organismos internacionales como el CONSEJO DE EUROPA (1987).

3) Para un comentario de esta corriente en la experiencia francesa sobre espacios protegidos, léase J. JUNG (1972: 419-421), B. LIZET (1991: 174-175) y J.C. LEFEUVRE (1989).

©Jesús Mª Garayo Urruela, 2001